Presidente Argentino (1983-1989)
Abogado, político y activista de los derechos humanos argentino.
A partir de la dictadura de Onganía, estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar un pensamiento socialdemócrata, dentro del radicalismo, que tendría un considerable impacto en la juventud.
Tras la guerra de Malvinas, se reiniciaba el camino de la normalización institucional. El “Proceso militar”, había logrado trastocar las estructuras básicas de una economía asentada en la industria y la producción. La vuelta a la democracia, inspiraba un aire de renovada esperanza para el pueblo argentino. Raúl Alfonsín, en las elecciones del octubre de 1983, se convertiría en el primer radical en derrotar a un justicialista al vencer a Italo Argentino Luder. Alfonsín intentó recomponer las relaciones de la sociedad y anunció un fuerte recorte en los gastos militares. A las empresas multinacionales se le sumó la aparición de grupos económicos locales (la denominada “oligarquía diversificada”). El mecanismo del lanzamiento de un plan de estabilización funcionaba de la siguiente forma: a) El gobierno elaboraba un “programa” que buscaba frenar la inflación, aumentar las exportaciones, reducir el déficit fiscal y asegurar el cumplimiento de los compromisos externos. b) El programa era aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras lo cual éste prestaba, una cantidad de dinero (conocido como préstamos stand-by), pero ello era, a su vez, una señal para que el conjunto de los bancos refinanciaran la deuda externa argentina. Normalmente estos programas de los cuales los dos más importantes en la década de 1980 fueron los denominados “Plan Austral” (1985) y “Plan Primavera” (1987), funcionaban durante un breve periodo de tiempo, mientras tanto se reducía la inflación y se obtenía, durante ese corto periodo, la “confianza” de organismos y bancos internacionales. En 1989, la serie de planes fracasados, la deuda externa en ascenso y la presión de los contratos con proveedores a los que tenía que hacer frente el Estado llevaron a una situación de quiebre. En el nivel Político, se vio signado por tres hechos fundamentales relacionados con el problema militar.
1) El juicio a los ex comandantes.-
2) La política de derechos humanos.-
3) El problema militar propiamente dicho, en cuanto que el gobierno tuvo que enfrentar varios levantamientos militares.- Al comienzo de su mandato, Alfonsín, dictó dos decretos. Los mismos, estaban referidos a la necesidad de perseguir penalmente tanto a los jefes Montoneros y del E.R.P., como a los ex comandantes que integraron las Juntas Militares durante el “Proceso” (basada en la teoría de “los dos demonios”). También inicia la reestructuración del Ministerio de defensa, con el objetivo de que pudiera servir al gobierno democrático como instrumento de control del sector militar. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuya presidencia se otorgó a Ernesto Sábato, comenzó a realizar investigaciones relacionadas con al desaparición de personas y a recibir todas las denuncias, pruebas, etc., para luego llevarlas a la Justicia. El informe fue conocido con el nombre “Nunca Más”. En al año 1985 comenzó el juicio a los ex integrantes de la juntas militares. Si bien el hecho marcó un precedente histórico para el país y para toda América Latina, pues en la mayoría de los casos en que hubo golpes de estado los crímenes siempre quedaron impunes, la impresión de algunos sectores fue que las penas eran insuficientes y muchos de los acusados de menor rango, había quedados absueltos. Finalmente, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que se conocería como “Punto Final” y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (hasta el 23/10/87). La Ley de “Punto Final” produjo un profundo rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en los sectores militares. Un grupo de militares, “los carapintadas”, guiados por el Teniente Coronel Aldo Rico, se amotinó en el edificio de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, con la excusa de resistir a una citación del Mayor Ernesto Barreiro a presentarse ante la Justicia. Los amotinados solicitaban el cese de lo que ellos llamaban “campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas” y un aumento en el presupuesto de sus respectivas armas entre otras cosas. Para que Rico depusiera su actitud, Alfonsín cedió. Si bien esto no fue lo que manifestó ante el pueblo reunido en Plaza de Mayo, en el sentido común de la mayoría quedó que el “felices pascuas, la casa está en orden” fue una de las más impactantes claudicaciones de la democracia y marcó el comienzo de la desmovilización popular que seguiría en los noventa. Las Leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” fueron vistas por la sociedad como un inequívoco signo de debilidad del gobierno constitucional frente a la presiones ejercidas por el “partido militar”. En enero de 1988, Aldo Rico volvió a sublevarse, este vez en Monte Caseros.
